Se estima que la finalización de la vigencia del decreto presidencial que evitaba el desalojo en caso de deuda podría generar que muchas familias se queden sin un lugar para vivir.
El Frente de Inquilinos de Quilmes reveló que los alquileres sufrieron el fuerte incremento de un 60 por ciento el año pasado en relación al anterior, al tiempo que manifestó su preocupación con respecto a la finalización de la vigencia del decreto presidencial que evitaba el desalojo en caso de deuda, ya que “muchas personas se pueden quedar en la calle”.
La referente local de esta asociación, Cecilia Pereyra, manifestó que “ese aumento del 60 por ciento promedio de alquileres, hace que los inquilinos gasten un 70 por ciento de sus ingresos para el mantenimiento de la vivienda, que, además de incluir el alquileres, demanda el pago de las expensas y los servicios”.
A modo de ejemplo, mencionó que un departamento monoambiente de Quilmes Centro “antes salía 8 mil pesos por mes, pero ahora cuesta alrededor de 12 mil”. Y, en el caso de uno de dos ambientes, “de 16 mil pesos, pasó a estar 24 mil”.
En tanto, destacó que “ese 60 por ciento de aumento no sólo se dio en la zona céntrica, sino que también en otras partes del distrito, como Quilmes Oeste, por ejemplo”.
Igualmente, para Pereyra el panorama puede empeorar no sólo con los aumentos que se pueden registrar durante este año, sino que también con “la finalización de la vigencia del decreto presidencial que prohíbe los desalojos en caso de deuda”.
En este sentido, describió que “a partir del 31 de enero, a nivel nacional, cerca de un millón y medio de inquilinos pueden quedarse en la calle, ya que no tienen dinero suficiente para pagar los meses atrasados ni los que están por venir”.
Por eso -agregó- “estamos evaluando, desde el Frente Nacional de Inquilinos, proponer una tasa COVID, para ayudar a estas personas. Estamos pensándolo cómo se podría dar, pero puede ser que se dé con un salario social complementario”.
Posteriormente, solicitarán “la creación de autoridades de aplicación y control en las defensorías del pueblo locales con el objetivo de que se cumpla con la ley. En algunos departamentos se sigue renovando cada 6 meses”.