Efectivos decomisaron 1.070 toneladas de ese cereal ya que carecían de la documentación respaldatoria exigida por las normativas vigentes en el país.
Miembros de la División Unidad Operativa Federal 25 de mayo de la Policía Federal junto con personal de la Dirección General Impositiva de la AFIP, realizaron un operativo de inspección en una planta de silos ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 63, paraje La Campana, Saladillo, que como resultado arrojó el decomiso de más de un millón de kilogramos de granos de maíz.
Allí el objetivo de las y los funcionarios era constatar la documentación de la mercadería alojada en los almacenes, así como la de los ocho camiones que se encontraban en la playa de estacionamiento de la empresa.
En efecto, agentes confirmaron que los granos acopiados en el lugar carecían de los papeles necesarios, tanto para siete de los ocho camiones, entre ellos tenían 246.520 kilos de maíz, así como para los 824.000 guardados en los depósitos.
Como parte de la estrategia de coordinación y articulación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a partir del año pasado se incrementaron los operativos conjuntos de inspección y constatación documentológica en relación con el acopio, circulación y contrabando.
Este abordaje posibilitó neutralizar acciones delictivas y/o irregulares en materia de comercialización ilegal, política que dio lugar a una enorme cantidad de procedimientos conjuntos mediante los cuales se detectaron flagrantes irregularidades que hasta hace dos años el Estado había dejado de controlar.
La ministra Sabina Frederic ha explicado la importancia que tienen este tipo de operativos de las fuerzas federales, en este caso de la PFA, puesto que, además de ser una obligación del Estado, la permisividad ante estas irregularidades daña al erario público, evade cargas impositivas y declaraciones de ganancias, así como impide establecer la trazabilidad de los granos que, carentes de control y registro alguno, pueden afectar la salud y la alimentación de la población.
Por disposición del magistrado actuante, se incautaron a siete de los ocho rodados y los más de un millón de kilogramos de maíz.